La crisis que nos puede definir como personas y como país
A veces escribo porque quiero contar algo. Y, otras veces, como ahora, escribo porque, escribiendo, tal vez puedo poner en orden mis ideas.
Lo que está ocurriendo estos días en Ceuta me produce sentimientos contradictorios. Y quizá, precisamente por eso, creo que merece la pena hablar de ello. Porque, en primer lugar, aquí hay seres humanos. Muchos seres humanos. Pero también hay una frontera. Y las dos cosas, por mucho que algunos pretendan convencernos de lo contrario, pueden ser verdad al mismo tiempo.
Pero antes de hablar de fronteras, gobiernos, mafias, Marruecos, leyes, policías, ejército o política europea, me gustaría imaginar por un momento a uno de esos muchachos que estos días han intentado llegar a Ceuta. No sé cómo se llama. No sé qué edad tiene. No sé si tiene familia. No sé qué ha dejado atrás. Pero puedo imaginar que no se lanza al mar por capricho. Una persona que se mete en el agua jugándose la vida probablemente está convencida de que al otro lado existe una vida mejor que la que está dejando atrás. Puede equivocarse, naturalmente, puede haber sido engañada, puede haber recibido información falsa, puede haber pagado a alguien que le prometió un futuro que quizá nunca llegue.. Pero su desesperación es real. Y eso no deberíamos olvidarlo nunca.
En estos días hemos vuelto a contemplar imágenes de personas intentando llegar a España a nado, algunas de ellas perdiendo la vida en el intento. ¿Quién podría mirar esas imágenes y no sentir compasión? Yo, desde luego, no.
España ha sido durante décadas un país de emigrantes. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros compatriotas tuvieron que marcharse a Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Venezuela, Argentina o cualquier otro lugar en busca de un trabajo, de una oportunidad o, sencillamente, de una vida digna. Por eso entiendo perfectamente al inmigrante que quiere venir. Pero entender no significa que tengamos que aceptar sin discusión todo lo que sucede. Y ahí empieza el problema. Porque una cosa es comprender y otra muy distinta justificarlo todo.
España puede y debe ser un país acogedor. Pero ningún país puede funcionar si sus fronteras dejan de existir.
Y tampoco podemos pretender que una ciudad de 83.000 habitantes pueda absorber de repente una cantidad de personas equivalente aproximadamente a su propia población. Porque eso fue lo que ocurrió en Ceuta. El Gobierno español cifra en unas 80.000 las personas que llegaron durante los días 30 y 31 de julio, aunque las cifras iniciales fueron diferentes. Muchos, muchísimos, la mayoría de ellos, regresaron a su país pocos días después, pero todavía permanecen en la ciudad autónoma varios miles, miles de migrantes, miles de seres humanos.
Pero espera… ¿hemos dicho que llegaron ochenta mil personas? ¿Ochenta mil…? Intentemos imaginarlo. Ochenta mil personas entrando de golpe en Alicante, o en Lorca (sólo por citar ciudades que conozco bien). O en cualquier ciudad española de tamaño medio. No estamos hablando ya de inmigración. Hablamos de una situación excepcional que desborda cualquier capacidad ordinaria de respuesta.
Por eso creo que debemos tener cuidado con las palabras. ¿Fue una migración masiva? ¿Fue una avalancha? ¿Fue una crisis migratoria? ¿Fue una acción organizada? ¿Fue utilizada políticamente? ¿Fue, incluso, un conato de invasión? Yo no quiero atreverme a pronunciar categóricamente esta última palabra porque tiene una carga enorme, y porque una cosa es describir una situación que se parece extraordinariamente a una entrada masiva, y otra demostrar que existía una operación militar o política concebida como una invasión. Pero tampoco creo que debamos tener miedo de preguntarnos por qué ocurrió lo que ocurrió. Esta es, para mí, una de las grandes preguntas.
Porque resulta difícil imaginar que decenas de miles de personas puedan movilizarse simultáneamente hacia un mismo punto, conocer los lugares por los que pueden acceder a territorio español y hacerlo con una coordinación semejante sin que exista algún tipo de organización detrás. En una operación de estas dimensiones pueden intervenir muchas cosas al mismo tiempo: redes sociales, mensajes que circulan de teléfono en teléfono, organizaciones dedicadas al tráfico de personas, mafias que prometen un futuro europeo a cambio de dinero, personas que simplemente se suman al movimiento porque ven que otros lo están haciendo...
Y ¿pudo influir, directamente, el Gobierno de Marruecos…? Aquí conviene separar lo que sabemos de lo que sospechamos. Existen informaciones sobre redes que habrían alentado o facilitado los desplazamientos y sobre investigaciones abiertas al otro lado de la frontera. También se ha señalado la pasividad o incapacidad de las autoridades marroquíes para contener aquella salida masiva. Pero afirmar que el Gobierno de Marruecos ordenó deliberadamente el movimiento como un arma arrojadiza contra España exige pruebas que permitan sostenerlo más allá de la sospecha.
Y, sin embargo, la sospecha existe. ¿Cómo no va a existir? Marruecos conoce perfectamente la importancia estratégica de Ceuta y Melilla. Conoce la presión que puede ejercer una crisis migratoria sobre España. Y conoce también que cada vez que miles de personas intentan entrar en territorio español se produce una enorme tensión política, social y diplomática. Por eso la pregunta resulta inevitable: ¿cuánto hubo de desesperación humana y cuánto de utilización política de esa desesperación? Quizá nunca conozcamos toda la respuesta.
Asímismo, hay otra parte de esta historia de la que al principio apenas se hablaba: los ceutíes. Porque, mientras nosotros vemos las imágenes por televisión, ellos las viven en sus calles. Ceutíes que se encuentran de repente con personas desconocidas circulando por su ciudad. Personas durmiendo en sus playas. Personas refugiándose donde pueden, incluso en los cementerios. Cientos o miles de personas que, repentinamente, forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y estos ciudadanos, lógicamente, sienten inquietud. O, directamente, miedo. No por el color de su piel, por su religión o porque piensen que todos esos inmigrantes sean delincuentes. Ni muchísimo menos.
Los ceutíes son conscientes de que la inmensa mayoría de esos visitantes probablemente son personas desesperadas que sólo quieren vivir un poco mejor. Pero tampoco podemos exigir a un ciudadano de cualquier ciudad de cualquier país que no tenga miedo cuando de repente se encuentra con miles de personas cuya identidad, edad, procedencia o antecedentes desconoce. No porque sean marroquíes, ni siquiera porque sean extranjeros. Simplemente porque son desconocidos. Y, cuando una persona no sabe a quién tiene delante, el miedo aparece con facilidad.
Y si, además, algunos de esos recién llegados, por necesidad o desesperación, entran en viviendas, roban alimentos o cometen delitos, el problema adquiere una dimensión todavía mayor. Porque, entonces, la solidaridad natural (no olvidemos cuántos ceutíes se han apresurado a proporcionar pan o alimentos a cuantos visitantes han podido) se encuentra con el miedo del que hablábamos. Y el miedo, cuando no recibe respuestas, acaba convirtiéndose en rechazo.
Hay también una cuestión de la que poco se habla cuando las cámaras abandonan una determinada zona: la higiene. Miles de personas viviendo durante días en condiciones precarias significan miles de personas que necesitan agua, comida, aseos, asistencia médica, recogida de residuos y atención sanitaria. Si mil personas tienen que hacer sus necesidades al aire libre, el problema no desaparece porque no queramos hablar de él. Existe. Y, si son varios miles, se multiplica. No se trata de estigmatizar a quienes llegan. Se trata de reconocer que una concentración humana extraordinaria en condiciones insalubres puede provocar (ya los está provocando) problemas sanitarios para todos: para los inmigrantes y para quienes residen allí. Porque, aunque la compasión consiste en ofrecer unas condiciones dignas a quienes llegan, la responsabilidad nos obliga a proteger a quienes ya estaban allí.
Entonces aparecen otras preguntas incómodas. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que se haya producido esta multiplicación de personas? ¿Y por qué persiste el problema dos semanas después? ¿Qué ha fallado? Porque, que yo sepa, España dispone de Policía, de Guardia Civil, de Ejército, de sistemas supuestamente avanzados de vigilancia. Y, obviamente, existe una frontera perfectamente conocida y el bagaje de años de experiencia en materia de inmigración irregular. Por tanto, ¿cómo puede producirse una entrada de decenas de miles de personas?
La explicación puede incluir muchos factores: la magnitud de la avalancha, las características geográficas de Ceuta, la actuación —o falta de actuación— de Marruecos, la presión sobre las fuerzas de seguridad y las propias limitaciones del sistema. Pero algo parece evidente: si una frontera, aunque sea marítima, puede ser superada por ochenta mil personas en cuestión de horas, algo no ha funcionado como debería. Y preguntar por ello no convierte a nadie en racista. Es simplemente preguntar cómo funciona nuestro Estado.
Y aquí llegamos a otro asunto delicado. España es un Estado de derecho. Eso significa que no podemos devolver automáticamente a cualquier persona que entre irregularmente porque nos parezca conveniente. Existen procedimientos. Existen derechos como el de asilo. Existen menores que requieren una protección especial. Existen personas que pueden proceder de lugares donde realmente existe persecución o conflicto. Y existe la obligación de estudiar cada caso. El Gobierno calcula que entre los migrantes que todavía permanecen en Ceuta hay cuatro mil menores y otras personas que podrían ser susceptibles de protección internacional.
Y todo eso debería ser perfectamente compatible con la defensa de nuestras fronteras. Lo que no podemos hacer es convertir una cuestión jurídica compleja en un eslogan. Tampoco debemos confundir la reciente regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno con esta entrada concreta en Ceuta. La regularización exige que la persona ya estuviera en España antes del 1 de enero de 2026 y que pueda acreditar, entre otros requisitos, una permanencia continuada de al menos cinco meses. Por tanto, quienes han llegado ahora a Ceuta no pueden beneficiarse simplemente por haber entrado en esta crisis. Pero eso no significa que no podamos discutir políticamente si una regularización de semejante magnitud puede generar expectativas, incentivos o interpretaciones equivocadas entre quienes están pensando en emigrar. Porque una cosa es la ley y otra, el mensaje que esa ley transmite. Y otra cosa muy distinta, lo que las mafias cuentan a quienes están desesperados.
También me pregunto qué ocurriría si una situación semejante se produjera en otro país europeo. Imaginemos que decenas de miles de personas entraran simultáneamente en Italia. O en Francia. O en Alemania. ¿Seríamos tan comprensivos desde España con la reacción de esos países? Probablemente entenderíamos que, si pueden, los acogieran por solidaridad. Pero también comprenderíamos que intentaran proteger sus fronteras.
Europa tiene un problema que lleva décadas aplazando. Necesita una política migratoria común que combine humanidad, control fronterizo, cooperación con los países de origen y tránsito y una auténtica política de integración. Porque no podemos decirle a una persona desesperada que no tiene derecho a buscar una vida mejor, pero tampoco podemos decirle el Mundo entero que Europa puede recibir ilimitadamente a todo aquel que consiga alcanzar sus fronteras. Porque eso no es realista. Ni sostenible. Ni tampoco humano.
Hay además una preocupación que me parece legítima y que no deberíamos ocultar por miedo a ser políticamente incorrectos. Cuando una persona llega sin documentación, ¿cómo sabemos realmente quién es? ¿Cómo sabemos su nombre? ¿Cómo sabemos su edad? ¿Cómo sabemos de dónde procede? ¿Cómo sabemos si tiene antecedentes? ¿Cómo sabemos si está huyendo de una guerra, de la pobreza, de una persecución política o simplemente buscando una oportunidad económica? Y, por supuesto, ¿cómo podemos estar seguros de que entre esos miles de personas no se ha infiltrado alguien que tenga intenciones diferentes? No estoy afirmando que entre los recién llegados que se han quedado en España haya criminales o terroristas. No lo sé. Y ese, precisamente, es el problema: no saberlo. Un Estado tiene la obligación de comprobarlo, y hacerlo no significa tratar a todo inmigrante como un delincuente. Significa hacer aquéllo que cualquier Estado responsable debe hacer: identificar a las personas que entran en su territorio.
Hay una frase que llevo días escuchando repetidamente: “Ceuta y Melilla son españolas”. Lo dicen los ceutíes, lo dice el Gobierno, lo dicen los partidos de la oposición, lo dicen los militares, lo dicen los medios. Y, naturalmente, lo son. En palabras de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer visitó Ceuta, no son sólo españolas, sino “españolísimas”. Pero confieso que hay algo que me produce desasosiego: ¿por qué es necesario repetirlo tantas veces? Cuando algo está absolutamente claro, normalmente no necesitamos repetirlo continuamente. Pero, claro, todos sabemos que existe una reivindicación marroquí sobre ambas ciudades, y la presente y las pasadas crisis migratorias nos recuerdan la extraordinaria vulnerabilidad geográfica de Ceuta y Melilla.
La Ministra de Defensa lo expresó ayer con contundencia. “Ceuta y Melilla no se tocan”. Y, más allá de las palabras políticas, hay algo que personalmente le reconozco: dio la cara. Y quizá sea éste uno de los aspectos más humanos de toda esta crisis. Margarita Robles pisó las calles de Ceuta, y se encontró ciudadanos enfadados. Algunos incluso la insultaron. Pero ella se quedó. Escuchó. Habló con personas que tenían miedo, y consoló a ciudadanos que se sentían abandonados. No sé si Robles ha acertado o se ha equivocado en todas sus decisiones políticas, y estoy seguro de que ningún ministro puede salir indemne de una crisis de esta magnitud. Pero hay algo que sí creo que hay que destacar: cuando la gente estaba pidiendo que alguien del Gobierno apareciera, ella apareció. Y eso, en política, no es poca cosa. Porque es muy distinto gobernar desde un despacho a mirar a los ojos a una persona que tiene miedo, y escucharla.
El resto de Ministros no salen tan bien parados tras su gestión. Yo no entiendo la reacción del Gobierno español ante una situación semejante. O, mejor dicho, entiendo las dificultades objetivas, pero no me entra en la cabeza la sensación de desconcierto, silencio y contradicción que ha transmitido durante buena parte de la crisis. Me pregunto qué habría hecho cualquier otro país europeo si, de repente, decenas de miles de personas hubieran entrado en su territorio. ¿Las habrían recibido con los brazos abiertos? ¿Habrían cerrado sus fronteras? ¿Habrían desplegado al Ejército? ¿Habrían solicitado ayuda inmediata a sus socios europeos? ¿Habrían devuelto a quienes legalmente pudieran devolver? Probablemente habría hecho una combinación de todas esas cosas, porque un Gobierno tiene que ser solidario, pero también tiene que gobernar. Y gobernar significa tomar decisiones desagradables cuando son necesarias.
Quizá el gran problema de todo ésto es que hemos convertido una cuestión extraordinariamente compleja en una guerra entre buenos y malos. Si defiendes al inmigrante, algunos te llaman buenista. Si defiendes el control de las fronteras, otros te llaman xenófobo. Si cuestionas la actuación del Gobierno, automáticamente te llaman fascista. Si defiendes al Ejecutivo socialista, oros te llaman “rojo” y consideran que te importan más los de fuera que los de aquí. Y, mientras nosotros discutimos, hay un muchacho que sigue nadando, una madre que sigue esperando noticias de su hijo, un ceutí que sigue mirando con preocupación la calle desde su ventana, un policía que lleva horas trabajando, un militar que intenta ayudar, un médico que se esfuerza por atender a quien lo necesita… y un político que intenta explicar una situación que quizá ni siquiera él comprende completamente.
Por eso creo que deberíamos recuperar algo que parece haberse convertido en una rareza: la capacidad de mantener dos ideas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. Podemos sentir compasión por quien llega, pero miedo ante una entrada masiva. Podemos defender el derecho de asilo, pero exigir control fronterizo. Podemos rechazar el racismo, pero rechazar también la delincuencia. Podemos ayudar al inmigrante, pero no dejar de proteger al ciudadano español. Podemos considerar que las fronteras deben existir sin considerar que quienes están al otro lado valen menos que nosotros. No son ideas incompatibles.
Y ahora llego a una cuestión que quizá tenga poco que ver con la inmigración, y muchísimo con España: el Rey. Felipe VI es el Jefe del Estado, y es, también, constitucionalmente, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero la propia Constitución establece que sus actos necesitan, con carácter general, el refrendo del Gobierno o del ministro correspondiente, y la dirección de la política interior, exterior y de defensa competen al Gobierno. De modo que me hago una pregunta que llevo tiempo haciéndome: ¿qué puede hacer realmente el Rey cuando España atraviesa una crisis como ésta? No pregunto qué debería hacer según mis preferencias políticas, tan sólo me pregunto qué puede hacer realmente. Si Felipe VI quisiera acudir a Ceuta, hablar con sus ciudadanos y transmitirles personalmente el respaldo de la Corona, podría hacerlo dentro de sus funciones institucionales, y nos consta que, si de él dependiera, probablemente lo haría. Pero el Gobierno no le deja, alegando que, por el momento, su presencia no es necesaria. Y, aunque desafiara esta prohibición gubernamental, la verdad es que tampoco podría tomar una decisión política concreta, ordenar una determinada actuación o enfrentarse públicamente a la política de la coalición liderada por pedro Sánchez. Mi duda es, independientemente de si me siento más o menos monárquico: ¿para qué sirve el Rey? ¿Es suficiente con que represente a España? ¿Es suficiente con que arbitre y modere el funcionamiento regular de las instituciones? ¿Es suficiente con que pronuncie discursos cuando las circunstancias lo requieren? ¿O debería tener alguna capacidad efectiva para actuar en momentos excepcionales? Porque, si en una situación como la de Ceuta, el Rey no hace nada, no necesariamente porque no quiera hacerlo, sino porque constitucionalmente no puede, entonces vuelvo a preguntarme: ¿para qué necesitamos un Rey?.
Empecé diciendo que necesitaba poner en orden mis ideas, y, al final sigo tan confundido como al principio. Porque la realidad es que no quiero, no puedo elegir. No quiero elegir entre el muchacho que cruza el mar y el ceutí que tiene miedo. No quiero elegir entre la persona que huye de la pobreza y la persona que quiere seguir viviendo tranquilamente en su barrio. No quiero elegir entre los derechos humanos y la seguridad. No quiero elegir entre solidaridad y fronteras. Porque yo quiero las dos cosas. Quiero que España pueda seguir siendo un país que ayuda al que lo necesita, pero también que España sea un país que sabe quién entra en su territorio. Quiero que ningún ser humano tenga que morir intentando alcanzar nuestras costas, pero quiero que nuestras fronteras no dejen de existir. Quiero que quien necesite protección pueda encontrarla, pero quiero que quien no reúna los requisitos establecidos por nuestras leyes pueda ser devuelto con todas las garantías jurídicas. Quiero que los ceutíes puedan dormir tranquilos, y quiero que quien llega a Ceuta no tenga que dormir en una playa. Quiero que combatamos a las mafias que convierten la desesperación humana en un negocio, y quiero que España exija a Marruecos que asuma sus responsabilidades. Quiero una Europa capaz de afrontar conjuntamente un problema que ningún país puede solucionar solo, y quiero un Gobierno que, cuando las cosas se ponen feas, no se esconda detrás de comunicados. Y, sí, quiero también saber qué papel desempeña nuestro Rey cuando España se encuentra ante una situación excepcional. Porque quizá la verdadera pregunta que nos deja Ceuta no sea solamente qué hacemos con la inmigración. Quizá sea algo mucho más profundo: ¿qué clase de país queremos ser? Un país que cierre los ojos ante quien sufre no puede llamarse humano, pero un país que cierre los ojos ante sus propios ciudadanos tampoco. Y, entre esas dos verdades, probablemente incómodas pero inseparables, es donde se encuentra el difícil camino que deberíamos recorrer. Ese camino, como casi todo en la vida, no pasa por elegir entre blanco y negro. Pasa por aprender a caminar por una frontera. Precisamente por eso existen. Y, precisamente por eso, a veces, son tan difíciles de cruzar.